Cuando vemos las casitas de supuesto interés social para los obreros, hechas con cartón y engrudo, ésas que se desbaratan con el primer chubasco, nos preguntamos por qué las autoridades no exigen a quienes las construyeron repararlas de todo a todo, no los excluyen de licitaciones futuras, no los supervisan y, menos, los acusan, juzgan y encarcelan como debería ser. Delitos cometidos por ellos sobran. También nos preguntamos cómo esa gente puede dormir tranquila si tiene la corrupción hasta la médula de los huesos.
El asunto no es tan sencillo. Plantearlo así supone que los constructores corruptos tienen nuestro mismo concepto de honestidad y justicia, pero nada más lejos de esa suposición.
Para ellos, como para quienes hacen negocios con el Gobierno (sobre todo, los favoritos), darle un moche a quien recomienda, asigna o supervisa la licitación y sus resultados es parte del negocio; o sea, no es corrupción de ellos ni del funcionario beneficiado.
Para ellos, trabajar por debajo de las especificaciones exigidas para una vivienda sencilla, pero de calidad, es parte del negocio.
Para ellos, trabajar con materiales de cuarta es parte del negocio.
Para ellos, entregar algo que parezca casa durante unos días es suficiente. Si se filtra el agua por las ventanas, si no está impermeabilizada, si el piso está incompleto, si los baños y las tuberías no funcionan, es parte del negocio.
Si tomamos ese ejemplo incuestionable y lo aplicamos a las grandes constructoras, a los tejemanejes entre políticos, a los aprendices que se enriquecen el primer año, a quienes inflan sus gastos personales de viaje, el costo de los documentales, los spots y la papelería hecha para cualquier nivel de Gobierno y para cualquier institución o dependencia gubernamental, no acabaríamos nunca.
Todos los días tenemos noticias insultantes para los ciudadanos. Déjeme mencionar tres: las cuentas turbias de los comisionados encargados de cuidar la transparencia en el Estado; Maderito pregonando su siguiente lanzamiento, a pesar de jamás haber aclarado ni lo de los parquímetros ni lo de las corruptelas atribuidas a él y a su familia, y los notarios favoritos de los gobernadores, alcaldes o lo que sea, dedicados a legalizar las transas de quienes se apropian de terrenos de manera ilegal e inmoral.
Perdón, no quise amargarle el rato, pero hablar de la corrupción y de los corruptos es igual a comer cerezas naturales: empezamos y no tenemos fin...
Por un lado están los corruptos plenamente identificados como tales, pero quienes refugiados en su cínica idea de que así son los negocios se perciben a ellos mismos como empresarios o negociantes honrados y duermen muy tranquilos. Es decir, hay corrupción, pero ellos no son corruptos.
Por otro lado, está la impunidad: si me pongo a hacer una lista de todo lo que ha quedado sin denunciar, investigar o castigar en la Ciudad, el Estado y el País, no acabaríamos...
¿Por qué no hay ni corruptos ni impunes? Por lo dicho tantas veces: la ley es letra muerta y si alguien busca darle vida, lo paga caro. Así como las casas antes mencionadas parecen casas, pero no funcionan como tales, así las leyes parecen leyes, pero tampoco funcionan como tales.
¿Por qué? Porque los encargados de hacerlas valer caen, casi siempre, entre los corruptos que aceptan moches para desviar la mirada o clavarla en un chivo expiatorio; es decir, ni para qué gastemos tiempo, dinero y esfuerzo en un cuerpo legislativo si lo legislado carece de valor.
En un desplegado de una plana publicado ayer, Armando Guadiana Tijerina, empresario minero, ganadero y consejero nacional de la Cámara Minera de México, acusa a Humberto y Rubén Moreira de corruptos y de querer implantar una monarquía familiar hereditaria en Coahuila.
No digo que le creamos sin investigar, pero por lo menos, lo escrito merece atención. Sin embargo, repetiremos la historia: se encontrará corrupción, pero no corruptos; se encontrará impunidad, pero no personas impunes.
Así nunca vamos a cambiar.
Fuente: El Norte con autorización de la autora
