Por: Rosaura Barahona
Calderón declaró durante la celebración del Día del Maestro: "Nuestro compromiso con la educación es claro, es verificable y seguiremos refrendándolo en los hechos".
Buen discurso político. En efecto, el presupuesto nacional es alto para un País como el nuestro, pero esos recursos a menudo sirven para cosas ajenas a la educación. ¿A qué se refiere Felipe Calderón? ¿A lo que se ha concedido en dinero y recursos a nuestra educación o a la manera como son aplicados? Porque son cosas distintas.
Lujambio, para sorpresa de muchos, habla de la rehabilitación de la infraestructura de 42 mil escuelas, como si eso fuera un mérito y no una obligación. Mantener cada una de las escuelas públicas en condiciones ya no idóneas, sino decorosas y proveerlas de todos los recursos necesarios, nuevos o tradicionales, es lo mínimo que deben hacer.
Si al hablar de escuelas públicas pensamos en escuelas pobres, maltratadas, casi abandonadas, con baños que ilustran lo antihigiénico, sin vidrios o con vidrios rotos, con pupitres maltratados o insuficientes y sin áreas verdes, no es porque así hayan sido concebidas, sino porque el dinero que año a año se asigna para su mantenimiento termina en los bolsillos de algunos vivales. Al fin que los pobres no se quejan.
Ésa es una parte del problema. La escuela pública en México no fue creada para los pobres, sino para todos. Por años, algunos de sus maestros y sus egresados fueron ilustres pensadores o hacedores mexicanos y dejaron una huella positiva en el desarrollo del País.
Pero luego se empezó a diferenciar la educación pública de la privada y hoy vivimos aberraciones contra las cuales no es fácil luchar. Veamos un caso.
Por favor, consulte y lea en internet la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero del 2011, de la Ley General de Educación y vaya al Capítulo VIII: De las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo. Sección 1: De las infracciones y sanciones. Artículo 75.
Aunque son pocas, es imposible reproducir en este espacio todas las infracciones que pueden cometer quienes prestan servicios educativos. Le mencionaré sólo algunas:
II.- Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;
IX.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos;
XI.- Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna;
XIII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella;
XVI.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos.
Hasta ahí vamos bien. Los incisos tienen sentido, pero lo que muchos olvidamos es que en 1994 los legisladores vinculados al SNTE propusieron y lograron incluir al final del artículo (apoyados por la mayoría priista) un párrafo inexistente en el artículo original y que dice así: "Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas a ellos".
Es decir, si cometen cualquiera de las infracciones no pueden ser tocados por la ley, dado que sólo el SNTE podrá juzgarlos y sancionarlos... si lo considera adecuado y necesario.
Por eso hacen lo que les viene en gana; porque no se les puede aplicar la ley. Son ciudadanos especiales e intocables. Como bien dijo don Pablo Latapí en su momento: la impunidad hecha ley.
rosaurabster@gmail.com
Fuente: El Norte y publicado en este blog con autorización de la autora
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