Por: Antonieta B. de De Hoyos
Hace algunos días tuve la oportunidad de departir con un grupo de amigas, y me pareció tan interesante la plática, que previa autorización ahora la transcribo.
Cuenta una de ellas que la semana pasada al salir de una prestigiosa clínica, ubicada en el primer cuadro de la ciudad, iba tan abstraída que no se percató de la presencia de dos agentes de tránsito, fue hasta el momento en que abrió la portezuela que la interceptaron. Explicó, que por ir pensando en su pariente enfermo, no miró la patrulla estacionada frente a ella, ni el armatoste conocido como la araña, que estaba prendido a una de las llantas traseras de su auto. Tampoco vio el letrero que sobre el parabrisas habían colocado, que decía “vehículo inmovilizado”. ¡Me quedé impactada!- seguía narrando- no tenía ni la más remota idea del porqué de tal agresión, volví la mirada hacia el parquímetro y constaté que mi tiempo aun no expiraba. Al verla tan asustada, los agentes se apresuraron a informarle que hacían su ronda cuando vieron el auto estacionado y decidieron verificar en la computadora, si el dueño tenía algún adeudo pendiente con la empresa privada y concesionada por el ayuntamiento, para la cobranza de parquímetros. Y como debía varias multas del año 2007 y 2008, acataron la orden superior de inmovilizarlo.
Sin manera de comprobar lo afirmado por los oficiales, mi amiga se comprometió a pagar lo antes posible ese adeudo, suplicando la dejaran ir, pues tenía varias cosas que hacer relacionadas con su familiar hospitalizado.
Al llegar a su casa llamó a un Abogado, necesitaba saber si la experiencia vivida había sido correcta, dentro de la ley. El profesional le contestó categórico, que había sido víctima de un acto anti-jurídico, cuando esas personas se apropiaron de uno de sus bienes, sin que ella hubiera infringido ninguna ley de transito ni haber causado dañó al bien común. Su pequeña deuda la había contraído con un negocio particular, un concesionario, autorizado por el municipio, para cobrar, mediante el parquímetro, el estacionamiento público.
Es del conocimiento de todos que esta empresa se apoya en el control de placas vehiculares, al solicitar como requisito estar exento de multas para el cambio de ellas. Pero su derecho a exigir el pago de las multas está limitado a enviar un exhorto (procedimiento extrajudicial) al domicilio del dueño del auto, circular en la que se le advierte el porcentaje que incrementará su cuenta de acuerdo a la moratoria. Este procedimiento se lleva en el trámite de un juicio civil, en un Juzgado Letrado de mínima cuantía.
Basados en la primicia de Derecho que dice: “Ninguna persona podrá hacer valer sus derechos por propia mano” damos a nuestras Instituciones impartidoras de justicia, la categoría que se merecen.
Por lo pronto analicemos a conciencia; autoridades, diputados locales y sociedad en general, el beneficio que dicha empresa aporta a la comunidad, ya que el mantenimiento de calles y banquetas (lo que cobran por usar) se lleva a cabo con lo recabado de impuestos prediales y desembolso del propio residente. Algunos parquímetros están viejos, defectuosos, no garantizan su eficacia, además afean el ambiente. Sería bueno desempolvar derechos y obligaciones ciudadanas, controlar de acuerdo a la ley el monto de la multa y el porcentaje agregado por moratoria. Promover la construcción de estacionamientos públicos y privados, dejando la calle libre para el que llegue primero, no nos librará de pagar, pero si del temor de que aparezcan esas ilegales “arañas municipales”.
Hace algunos días tuve la oportunidad de departir con un grupo de amigas, y me pareció tan interesante la plática, que previa autorización ahora la transcribo.
Cuenta una de ellas que la semana pasada al salir de una prestigiosa clínica, ubicada en el primer cuadro de la ciudad, iba tan abstraída que no se percató de la presencia de dos agentes de tránsito, fue hasta el momento en que abrió la portezuela que la interceptaron. Explicó, que por ir pensando en su pariente enfermo, no miró la patrulla estacionada frente a ella, ni el armatoste conocido como la araña, que estaba prendido a una de las llantas traseras de su auto. Tampoco vio el letrero que sobre el parabrisas habían colocado, que decía “vehículo inmovilizado”. ¡Me quedé impactada!- seguía narrando- no tenía ni la más remota idea del porqué de tal agresión, volví la mirada hacia el parquímetro y constaté que mi tiempo aun no expiraba. Al verla tan asustada, los agentes se apresuraron a informarle que hacían su ronda cuando vieron el auto estacionado y decidieron verificar en la computadora, si el dueño tenía algún adeudo pendiente con la empresa privada y concesionada por el ayuntamiento, para la cobranza de parquímetros. Y como debía varias multas del año 2007 y 2008, acataron la orden superior de inmovilizarlo.
Sin manera de comprobar lo afirmado por los oficiales, mi amiga se comprometió a pagar lo antes posible ese adeudo, suplicando la dejaran ir, pues tenía varias cosas que hacer relacionadas con su familiar hospitalizado.
Al llegar a su casa llamó a un Abogado, necesitaba saber si la experiencia vivida había sido correcta, dentro de la ley. El profesional le contestó categórico, que había sido víctima de un acto anti-jurídico, cuando esas personas se apropiaron de uno de sus bienes, sin que ella hubiera infringido ninguna ley de transito ni haber causado dañó al bien común. Su pequeña deuda la había contraído con un negocio particular, un concesionario, autorizado por el municipio, para cobrar, mediante el parquímetro, el estacionamiento público.
Es del conocimiento de todos que esta empresa se apoya en el control de placas vehiculares, al solicitar como requisito estar exento de multas para el cambio de ellas. Pero su derecho a exigir el pago de las multas está limitado a enviar un exhorto (procedimiento extrajudicial) al domicilio del dueño del auto, circular en la que se le advierte el porcentaje que incrementará su cuenta de acuerdo a la moratoria. Este procedimiento se lleva en el trámite de un juicio civil, en un Juzgado Letrado de mínima cuantía.
Basados en la primicia de Derecho que dice: “Ninguna persona podrá hacer valer sus derechos por propia mano” damos a nuestras Instituciones impartidoras de justicia, la categoría que se merecen.
Por lo pronto analicemos a conciencia; autoridades, diputados locales y sociedad en general, el beneficio que dicha empresa aporta a la comunidad, ya que el mantenimiento de calles y banquetas (lo que cobran por usar) se lleva a cabo con lo recabado de impuestos prediales y desembolso del propio residente. Algunos parquímetros están viejos, defectuosos, no garantizan su eficacia, además afean el ambiente. Sería bueno desempolvar derechos y obligaciones ciudadanas, controlar de acuerdo a la ley el monto de la multa y el porcentaje agregado por moratoria. Promover la construcción de estacionamientos públicos y privados, dejando la calle libre para el que llegue primero, no nos librará de pagar, pero si del temor de que aparezcan esas ilegales “arañas municipales”.
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