NI UNO MÁS, NI UNA MENOS: EL PRESUPUESTO QUE IGNORA EL DOLOR

 

En México no es una persona, son más de 130 mil las desaparecidas. Y el silencio institucional pesa más que cualquier cifra. Amnistía Internacional ha urgido al gobierno federal a priorizar la búsqueda de estas personas, pero las respuestas han sido evasivas, insuficientes… o inexistentes.

Desde la guerra sucia de los años 70 —donde el Estado comenzó a perseguir movimientos sociales campesinos y urbanos— hasta hoy, el problema ha escalado año con año. Pero en lugar de abordar esta crisis con leyes efectivas y justicia federal, se ha optado por militarizar el país y reducir los recursos públicos destinados a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Los datos son inapelables: 👉 Hasta junio de 2025, 128 mil personas continúan oficialmente desaparecidas. 👉 Solo en mayo, se registraron 1,398 desapariciones, el mes más violento en esta categoría desde que hay registro. 👉 Estados como Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León concentran la mitad de los casos.

¿Dónde están los recursos? Mientras se destina más de 259 mil millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Comisión Nacional de Búsqueda recibe apenas 247 millones. La estrategia parece clara: enfrentar el narcotráfico como prioridad —por presión del gobierno estadounidense— y relegar la búsqueda de desaparecidos al margen.

Los familiares han tenido que acudir a organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional, mientras enfrentan el desdén oficial y el encubrimiento de aliados políticos.

A pesar que en el 2017 se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de y se destinaron recursos para crear fiscalías especializadas, los procesos judiciales han sido escasos y lentos. Según informes de organizaciones como IDHEAS y Red Lupa, menos del 2% de los casos de desaparición forzada llegan a una sentencia condenatoria. El número de personas enjuiciadas por desaparición forzada es extremadamente bajo en comparación con la magnitud del problema.

La herencia de gobiernos priistas, la estrategia evasiva del gobierno actual y la tergiversación del lenguaje han logrado invisibilizar el dolor de miles.

En México, la desaparición forzada se ha vuelto parte del paisaje, y lo que debería ser excepcional —la impunidad— es hoy la norma.

Lic. Josefina Sánchez Ponce

Julio 2025

 

Vengase Bañao…!!

Crisis de gobernabilidad en el Cabildo de Piedras Negras

Para que una administración municipal funcione con eficacia, es indispensable que en el Cabildo prevalezca la armonía institucional. Sin embargo, en Piedras Negras ocurre todo lo contrario: el órgano colegiado parece más un cuadrilátero que un espacio de deliberación política. Las diferentes fracciones, lejos de construir consensos, se enfrentan de forma constante y abierta contra el alcalde y sus propuestas, con un nivel de confrontación que incluye insultos y descalificaciones.

Con la transmisión pública de las sesiones a través de redes sociales, la ciudadanía ha podido constatar directamente el deterioro del nivel de debate. Lejos de discusiones técnicas o estratégicas, las reuniones del Cabildo se han convertido en espectáculos que rivalizan con una telenovela, donde el drama y el conflicto priman sobre el diálogo y la negociación. Lo más alarmante es que incluso dentro de las mismas fuerzas políticas hay choques internos, lo que agrava la fragmentación del cuerpo colegiado.

Resulta inaudito que la máxima tribuna del gobierno municipal se haya degradado a tal nivel. Lo que se observa son comportamientos infantiles por parte de quienes deberían ser ejemplo de civilidad y profesionalismo. Gritos, acusaciones personales, y expresiones propias del lenguaje de los narcocorridos, como el infame “véngase bañao”, han sido pronunciadas en plena sesión por figuras como el presidente municipal Carlos Jacobo Rodríguez y el primer regidor Ricardo Múzquiz. La escena, digna de un combate de box, solo genera vergüenza y desprestigia a la institución.

Este tipo de enfrentamientos no solo compromete la imagen del gobierno local, sino que también pone en entredicho su capacidad para resolver los problemas de la ciudad. Es urgente que los actores políticos retomen el camino del diálogo y la responsabilidad. No es aceptable que una ciudad como Piedras Negras, que presume de ser una de las más seguras del país, tenga un gobierno municipal caracterizado por la violencia verbal y la inmadurez emocional.

Lo que se necesita es madurez política, sentido institucional y control emocional. La ciudadanía merece funcionarios que estén a la altura del cargo, no adolescentes atrapados en un recreo permanente. La actual división en el Cabildo no solo dificulta la toma de decisiones, sino que ha sembrado desconfianza y generado un clima de incertidumbre sumamente nocivo para la gobernabilidad.

Si no hay un cambio de actitud inmediato, el costo político y social lo terminarán pagando los ciudadanos.

Lic. Javier Zacarías

Problemas…

En 2020, los bomberos de Piedras Negras se levantaron contra el entonces Presidente Municipal. Fue un conflicto que la oposición de aquel momento no dudó en explotar para golpear al gobierno y ganar terreno político. Hoy, esa misma oposición ya en el poder enfrenta su propia crisis: el sindicato de trabajadores de obra pública le ha declarado la guerra, exponiendo su inconformidad ante el despido injustificado de trabajadores y el inicio de las gestiones para la eliminación de su sindicato, lo cual es benéfico para el actual y los futuros gobiernos dado que las pretensiones del sindicato han sido escandalosas y difícil de cumplir.

Pero hay un tercer actor que no ha cambiado de bando ni de estrategia: un grupo de periodistas inconformes que, bajo la bandera del periodismo crítico, no han hecho más que avivar el fuego en ambos regímenes. Lejos de buscar soluciones o informar con responsabilidad, han convertido los conflictos laborales en munición política, usando los micrófonos y columnas como armas para desestabilizar, no para construir.

Tanto el gobierno anterior como el actual han optado por no cumplir con sus exigencias —económicas o de favores— para obtener cobertura favorable. En respuesta, estos periodistas han encontrado en cada protesta una oportunidad para amplificar el caos y moldear la narrativa a su conveniencia.

Mientras tanto, el verdadero problema sigue sin atenderse: la falta de acuerdos sólidos y responsables que garanticen condiciones dignas para los trabajadores municipales y un servicio público eficiente para la ciudadanía. Esa incapacidad para negociar con visión a largo plazo ha dejado a la población atrapada entre un gobierno incapaz y una prensa que no informa, sino que manipula.

En vez de ejercer un periodismo que sirva al bien común, estos comunicadores se han dedicado a llevar agua a su molino, vendiendo conflicto como si fuera noticia, y usando la crítica no como herramienta de cambio, sino como chantaje disfrazado de libertad de expresión.

Veremos en qué termina todo esto que lejos de ayudar, perjudica a la ciudadanía.

Javier Zacarías