En México no es
una persona, son más de 130 mil las desaparecidas. Y el silencio institucional
pesa más que cualquier cifra. Amnistía Internacional ha urgido al gobierno
federal a priorizar la búsqueda de estas personas, pero las respuestas han sido
evasivas, insuficientes… o inexistentes.
Desde la guerra
sucia de los años 70 —donde el Estado comenzó a perseguir movimientos sociales
campesinos y urbanos— hasta hoy, el problema ha escalado año con año. Pero en
lugar de abordar esta crisis con leyes efectivas y justicia federal, se ha
optado por militarizar el país y reducir los recursos públicos destinados a la
Comisión Nacional de Búsqueda.
Los datos son
inapelables: 👉 Hasta junio de 2025, 128 mil personas continúan
oficialmente desaparecidas. 👉 Solo en mayo, se registraron 1,398 desapariciones, el mes
más violento en esta categoría desde que hay registro. 👉 Estados como Jalisco, Tamaulipas,
Estado de México, Veracruz y Nuevo León concentran la mitad de los casos.
¿Dónde están
los recursos? Mientras se destina más de 259 mil millones de pesos a la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Comisión Nacional de Búsqueda
recibe apenas 247 millones. La estrategia parece clara: enfrentar el
narcotráfico como prioridad —por presión del gobierno estadounidense— y relegar
la búsqueda de desaparecidos al margen.
Los familiares
han tenido que acudir a organismos internacionales como la ONU y Amnistía
Internacional, mientras enfrentan el desdén oficial y el encubrimiento de
aliados políticos.
A pesar que en el
2017 se promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de y se destinaron
recursos para crear fiscalías especializadas, los procesos judiciales han sido
escasos y lentos. Según informes de organizaciones como IDHEAS y Red Lupa, menos
del 2% de los casos de desaparición forzada llegan a una sentencia condenatoria.
El número de personas enjuiciadas por desaparición forzada es extremadamente
bajo en comparación con la magnitud del problema.
La herencia de
gobiernos priistas, la estrategia evasiva del gobierno actual y la
tergiversación del lenguaje han logrado invisibilizar el dolor de miles.
En México, la
desaparición forzada se ha vuelto parte del paisaje, y lo que debería ser
excepcional —la impunidad— es hoy la norma.
Lic. Josefina Sánchez Ponce
Julio 2025
